y/o iatrogénicas de otras cirugías, peelings químicos y mecánicos superficiales, y depilación láser. Tampoco aplica a cirugías motivadas por patologías físicas o psicológicas debidamente acreditadas por los respectivos profesionales de salud”. Por lo cual, con fundamento en la exposición de motivos, se estableció que la prohibición estaba dirigida principalmente a cirugías de senos, glúteos, liposucciones y lipoesculturas; procedimientos que en su mayoría se realizan las mujeres. Entonces, sostuvo que se trataba de una medida paternalista de género, al tener un impacto mayor en las mujeres, que buscaba imponer a las personas un modelo de vida específico a partir de consideraciones acerca de lo “bueno” y lo “malo”, lo cual, en general, está proscrito por los parámetros constitucionales, inclusive en casos en que la conducta supone un riesgo para la salud.

La Corte determinó que la medida no superaba el test estricto en su último paso, la proporcionalidad en sentido estricto, al impedir que los menores de edad entre los 14 y 18 años participaran de las decisiones acerca de su cuerpo y su identidad, en los eventos en que sus capacidades evolutivas lo permitieran, en los términos del consentimiento informado y calificado y en conjunto con sus padres. Así, el artículo 3° desconocía el derecho de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 14 años de participar en decisiones sobre su cuerpo. En la providencia se consideró que 14 años es el momento en el cual el derecho ha trazado la edad para asumir ciertas obligaciones y responsabilidades en la sociedad, como, por ejemplo, el matrimonio. La Corte también dijo que la prohibición desconocía el derecho de los padres a ejercer el consentimiento sustituto en el marco de la responsabilidad parental y en contravía de la intimidad familiar.

Por lo tanto, la Sala Plena consideró que aun cuando la medida persiguiera fines constitucionalmente imperiosos como la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes, la intervención del Estado en las decisiones sobre el cuerpo de menores de edad, especialmente de las mujeres, que además impedía a los padres ejercer su responsabilidad parental, era una medida paternalista de género y desproporcionada en relación con el sacrificio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Por lo anterior, en uso de sus facultades constitucionales condicionó el sentido de la norma.

A su vez, la Corte declaró la exequibilidad de los incisos 2 y 3 del artículo 5° la Ley 1799 de 2016, por considerar que es razonable limitar la participación de menores de edad en campañas publicitarias de promoción de cirugías estéticas, consultorios y clínicas de cirugía estética, y procedimientos de cualquier tipo, lo cual no viola los derechos a la igualdad y al trabajo.

La Corte realizó un test leve de igualdad integrado para analizar si las mencionadas restricciones violaban los derechos a la igualdad y al trabajo y encontró que la medida superaba el juicio. Lo anterior, pues aun cuando la medida genera una distinción en un grupo comparable: los menores de edad entre 15 y 18 años que trabajan como modelos de campañas estéticas y los que tienen empleos diferentes, la restricción para aparecer en las campañas de promoción de cirugías estéticas, consultorios y clínicas de cirugía estética y procedimientos de cualquier tipo, como una restricción a la publicidad con el objetivo de desincentivar una conducta socialmente indeseada busca un fin que no está constitucionalmente prohibido. Todo lo contrario, se trata de un objetivo constitucionalmente imperioso: eliminar estereotipos de género negativos y el medio es adecuado a la finalidad que persigue.

4. Salvamentos parciales y aclaración de voto