viernes, 18 de octubre de 2024
En un importante avance hacia la protección de los territorios indígenas y la biodiversidad, el Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto que establece las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y regula las competencias de las autoridades indígenas en coordinación con otras entidades.
La norma destaca la primacía del interés general, que subraya la prevalencia de las disposiciones constitucionales que protegen la diversidad étnica y cultural, así como la conservación del medio ambiente. Dentro de los principios orientadores del decreto, se incluyen la espiritualidad indígena, la territorialidad, la comunitariedad, la reciprocidad natural, y la armonía y equilibrio, entre otros, reconociendo la profunda relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza.
Además, el decreto fortalece el pluralismo jurídico, permitiendo que las autoridades indígenas apliquen sus sistemas normativos propios en coordinación con las leyes nacionales, y se destaca la responsabilidad ambiental intergeneracional, garantizando la protección de los recursos naturales para las generaciones futuras.
El ámbito de aplicación del decreto incluye no solo los territorios indígenas reconocidos por la Constitución, sino también los territorios ancestrales y áreas poseídas por comunidades indígenas que hayan solicitado la formalización de su territorio.
En cuanto a las competencias ambientales, las autoridades indígenas tendrán la capacidad de formular y desarrollar planes de ordenamiento ambiental y vida, así como imponer sanciones en caso de violaciones ambientales, siempre en coordinación con las autoridades estatales.
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